Vicinay Marine despeja su rescate al lograr un pacto con la banca para una quita del 93%
La compañía especializada en la fabricación de cadenas navales de alto valor añadido para la eólica marina flotante, en preconcurso desde julio, pasará a ser dirigida por el fundador y presidente de Haizea Wind, Dámaso Quintana, que inyectará 60 M€ una vez culmine la reestructuración de la deuda. Como siguiente paso, la compañía debe presentar el plan de reestructuración en el juzgado y lograr que se apruebe antes del 30 de enero.
Vicinay Marine, en preconcurso de acreedores desde julio de 2025, ha alcanzado un acuerdo con la banca, que asumirá una quita del 93%, para despejar su rescate y evitar la liquidación.
El presidente de Haizea Wind, Dámaso Quintana, inyectará 60 millones de euros en la compañía y asumirá el control de la empresa una vez culmine la reestructuración de la deuda. Esta operación supondría la salida de sus actuales dueños, la familia Vicinay, de forma que la propiedad pasaría al fundador y presidente de Haizea Wind.
El grupo especializado en la fabricación de cadenas navales para la eólica marina flotante llegó a un acuerdo sobre la deuda el 31 de diciembre de 2025. Vicinay debe a la banca (Santander, Kutxabank, Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Caja Rural de Navarra y Bankinter) un total de 100 millones de euros.
La compañía lleva meses negociando con sus acreedores tras años de dificultades, que se vieron agravadas por la pandemia y el alza de costes tras la guerra de Ucrania. El año pasado registró unas pérdidas de 18 millones de euros ante la parálisis del sector.
Como siguiente paso, la empresa debe presentar el plan de reestructuración en el juzgado y lograr que se apruebe antes del 30 de enero, cuando finaliza la prórroga para el preconcurso, lo que supondría la entrada en la fase de concurso y una probable liquidación.
La reestructuración de la deuda no solo afecta a la banca, sino también a proveedores y acreedores públicos. Entre estos últimos destaca la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno central, a la que Vicinay debe 32 millones de euros del préstamo participativo de 2022, que se canalizó mediante el fondo para rescatar a las grandes compañías afectadas por la pandemia. Al organismo se le ha solicitado un aplazamiento y una rebaja del tipo de interés, del 7% al 4%, a cambio de convertir el préstamo participativo en ordinario.
El Gobierno Vasco está también en la lista de acreedores, con siete millones a través del Instituto Vasco de Finanzas y el Fondo de Capital Riesgo Ezten. En este caso, el Ejecutivo autonómico va a asumir la pérdida de prácticamente toda esa cantidad.
Además de un acuerdo con la banca, la dirección de Vicinay ha llegado a un consenso con la plantilla, que suma un total de 400 personas, de los que 200 se ubican en Sestao y Galdames. Ambas partes han acordado prorrogar dos años el pacto de empresa, que expiraba, en principio, el 31 de diciembre de 2026.
Fuente original: El Correo